Venezuela: hora de tomar acción

A medida que pasa el tiempo, ha ido confirmándose el verdadero carácter del régimen chavista. Lo que a partir de 1999 pudo parecer el capricho personalista de un líder carismático se fue consolidando como un régimen autoritario que inicialmente copó las instituciones, pero mantuvo una cáscara democrática a través de la celebración de elecciones cada vez más controladas.

Este año, cuando el país debería concurrir a las urnas a elegir Presidente para el período 2025-2031, la naturaleza autocrática del sistema político venezolano resulta ya indesmentible. Sólo un ciego podría creer que lo que existe hoy en Venezuela es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, según la fórmula pronunciada por Abraham Lincoln en 1863.

“Dice mucho de la calidad de la gobernanza en la región que ésta no haya sido capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar esta crisis, que aparte de la tragedia humanitaria, se ha vuelto un peligro geopolítico y de seguridad interna para los países receptores del éxodo venezolano”.

Aunque en 2023 existió algún rayo de esperanza con la firma del Acuerdo de Barbados entre la oposición unificada y el Gobierno, la reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener la inhabilitación política de la candidata disidente María Corina Machado vuelve las cosas a fojas cero. Estados Unidos ya ha anunciado que está revisando el levantamiento de sanciones y que probablemente en abril restituya las que retiró provisionalmente en octubre.

Mientras tanto, el régimen ha ido calentando con intensidad variable el conflicto con Guyana por la soberanía de la zona del Esequibo, quizás en un intento por generar unidad a nivel doméstico por medio de un conflicto externo o, incluso, con el propósito de contar con una excusa de “seguridad nacional” para no celebrar elecciones.

La única certeza respecto de Venezuela es que el chavismo no está dispuesto a perder el poder y que, por el contrario, su pretensión es eternizarse en él, aunque eso siga significando la ruina de una ciudadanía que ha optado por “votar con los pies”. Según la ONU, alrededor de ocho millones de venezolanos han abandonado el territorio nacional. El 84% de ellos elige como destino algún punto de América o el Caribe. En 2011, cuando se realizó el último censo de población, Venezuela registraba casi 28 millones de habitantes. Es casi seguro que hoy el número es menor, debido a la diáspora.

Dice mucho de la calidad de la gobernanza que existe en la región que ésta no haya sido capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar esta crisis. Aparte de la tragedia humanitaria que supone el éxodo venezolano, este ha llegado a constituir un peligro geopolítico y de seguridad interna para los países receptores de los emigrantes, que no se encuentran preparados para absorber la marea humana que continúa saliendo de Venezuela. Por razones ideológicas, América Latina no ha conseguido enfrentar con unidad este problema que afecta, en mayor o menor medida, a todos.

Debido a que en muchos países huéspedes la población ha llegado a rechazar la inmigración venezolana y a que sus economías no ofrecen las mismas oportunidades que antes, el flujo de migrantes venezolanos ha comenzado a orientarse hacia el norte. Esta tendencia, unida a la extrema sensibilidad de la agenda inmigratoria en la política interna norteamericana, han hecho que Washington preste más atención ahora al caso venezolano, lo que explica el apoyo de la Casa Blanca al Acuerdo de Barbados.

Es posible que la deriva autoritaria del régimen chavista, el renovado interés de EEUU por la situación en Venezuela y el colapso inmigratorio que sufren numerosos países de la región terminen haciendo de 2024 un año propicio para, por fin, acordar medidas que obliguen a Caracas a limitar la exportación de sus problemas al continente.